CGTP por una verdadera reforma de pensiones desde los trabajadores y pensionistas

Sin embargo, eso no quiere decir que el Gobierno no tenga una propuesta de “reforma integral del sistema de pensiones”; al contrario, como se acaba de informar en el diario Gestión del 13.05.2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una propuesta que plantea cerrar la ONP de carácter pública para “crear un sistema único de pensiones” basado en la cuenta de capitalización individual, además para que los actuales afiliados a la ONP se dividirían en dos grupos: los de mayor edad permanecerían en el “sistema estatal actual” y los de menor edad pasarían al llamado “sistema integrado” que no sería otro que el de capitalización individual. En buena cuenta la “carnecita” que aportaría más años pasa al sistema de capitalización individual de las AFP y el “hueso” se queda en el sistema estatal hasta que fenezca.

Esta propuesta no es nueva, la Asociación de AFP en marzo del 2019 ya había propuesto que “los afiliados a la ONP pasen a formar parte del sistema de capitalización individual reconociendo así sus aportes a través de un bono de cierre de S/. 80,000, ya que hoy 2 de cada 3 afiliados a la ONP no recibirá pensión”. Esto quiere decir cerrar la ONP y que sus afiliados pasen al sistema de capitalización individual administradas por las AFP.

Estas propuestas en realidad son ya anacrónicas y buscan preservar y fortalecer un sistema de capitalización individual en un contexto en que solo durante el 2018, 18 países habían revisado sus reformas y han revertido, total o parcialmente, la privatización de sus pensiones[1]. La propuesta del MEF-AFP es un despropósito, explicable solamente cuando lo que se quiere es proteger los intereses de los dueños de las AFP y de los grupos económicos y financieros ligadas a ellas.

Pero estas propuestas se han visto acompañadas de movidas recientes para favorecer a las AFP que no debemos pasar por alto, así aprovechando los impactos del COVID-19 y el retiro de los fondos de pensiones que primero autorizara el Gobierno y luego el Congreso de la República, fue removido el presidente del Banco de la Nación por no ceder a las presiones del MEF para otorgar un préstamo a las AFP que habían solicitado apoyo del Estado contra el cual siempre denostaron. Como no funcionó, entró a tallar el BCR con otra movida que consistió en la compra de bonos del tesoro a las AFP como ha sido denunciado por varios expertos.

La decisión de cerrar el sistema público de pensiones administrado por la ONP y el paso de sus afiliados al sistema privado, tendría que tener justificación en claras ventajas del sistema de capitalización individual administrado por las AFP. Sin embargo, los balances de veintiocho años de reforma previsional en el Perú no parecen abonar en la dirección querida por el MEF y la Asociación de AFP.

La incursión de las AFP en el Perú, más allá del discurso y la publicidad, no han significado mejoras en términos de la calidad de la cobertura en el sistema de pensiones. Incluso, como antes lo hicieron, siguen tratando de hacer creer que son los que han logrado ampliar la cobertura. Lo que no dicen es que ello ha sido posible por una muy bien montada estrategia publicitaria y el favor de los sucesivos Gobiernos y Congresos que dieron normas promovidas por los lobs para favorecerlas a costa del debilitamiento del sistema público.

Pero se trata de mirar más de cerca y veremos que si bien las estadísticas de la SBS y AFP muestran que los “afiliados activos” son 7,521 916 (enero 2020), un indicador de mayor relevancia para analizar la debilidad o fortaleza del sistema es la relación afiliados /aportantes pues la obtención del derecho a la pensión como el monto de la pensión futura en el régimen de capitalización individual dependen de los aportes efectivamente realizados. Así, tenemos que, para diciembre del 2019, el número de cotizantes es de 3, 074 529, lo que quiere decir que menos del 50% de afiliados obligatorios al sistema se encuentran realizando aportes lo que evidentemente tendrá un impacto negativo en las pensiones futuras.

La imposición de las AFP destruyó los mecanismos de solidaridad (redistribución de ingresos entre afiliados y entre generaciones) necesarios para financiar un sistema de pensiones; fue orientado a sustraer al Estado de su obligación de garante financiero del sistema de pensiones; sus costos administrativos siguen siendo altos a tal punto que cobran millones de soles en comisiones y ganancias mientras que sus afiliados pierden la rentabilidad de sus fondos; persiste la evasión contributiva en importantes sectores de la economía formal, incluyendo al propio Estado, que mantienen a sus trabajadores en la informalidad laboral.

Así, las empresas de once a cien trabajadores presentan un 36% de informalidad laboral y la gran empresa de más de cien trabajadores exhibe una tasa de informalidad de 9.2%, lo que en buena cuenta no es atribuible a la legislación laboral sino al incumplimiento de la ley por parte de los empleadores y la debilidad del sistema de inspecciones laborales para prevenir, detectar y sancionar su incumplimiento. El SPP significó un alto costo fiscal de transición principalmente por el financiamiento del déficit fiscal y el bono de reconocimiento.

El SPP ha profundizado las desigualdad entre hombres y mujeres, pues las tasas de desempleo abierto y las tasas de subempleo son más altas en las mujeres y el nivel de sus remuneraciones es menor que el de los hombres lo que tiene un impacto sobre las pensiones futuras; por último, los que asumen el riesgo en el sistema privado son los propios afiliados pues debemos recordar el impacto de la crisis económica y financiera mundial que significo la pérdida de fondos mientras las administradoras seguían y siguen ganando como ya ha sido reportado. Lo mismo ha ocurrido a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19, en la que los afiliados han visto caer la rentabilidad de sus fondos mientras que los accionistas de AFP se distribuyen utilidades.

Son diversas las razones para sostener válidamente que una verdadera reforma integral del sistema de pensiones pasa necesariamente por reformar y fortalecer el sistema público de pensiones y no liquidarlo como pretenden desde las AFP y el MEF.

Una reforma integral del sistema de pensiones como lo ha propuesto nuestra central debe retomar los principios de universalidad, solidaridad, financiamiento colectivo y fortalecer el sistema público de pensiones cumpliendo con los estándares establecidos por Convenio núm. 102 de la OIT ratificado por el Perú.

La reforma integral del sistema de pensiones debe incluir a los trabajadores y pensionistas como actores fundamentales para una reforma sostenible del sistema en cumplimiento de los Convenios 144 y 102 de la OIT relativas al tripartismo, diálogo social y la participación de los trabajadores afiliados y pensionistas en el finaciamiento y gestión de la seguridad social como un medio eficaz para asegurar la eficacia de la instituciones o ampliación de la seguridad social.

Debe recordarse que en diferentes oportunidades la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT ha observado al Estado peruano el deber de cumplir con lo establecido en el Convenio 102 de la OIT, particularmente en lo relativo al financiamiento colectivo, la participación de los interlocutores sociales en la gestión y en la formulación la estrategia nacional en materia de seguridad social.

La CGTP reitera la necesidad de realizar un verdadero debate nacional a fin de lograr una reforma integral del sistema de pensiones y covoca a los trabajadores, las organizaciones sociales y de la sociedad civil a luchar por una reforma de pensiones universal, solidaria y sostenible con participación activa de los trabajadores, afiliados y pensionistas en la gestión institucional y en la formulación de una estrategia nacional para ampliar la cobertura a todos y todas a fin de garantizar pensiones dignas.

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[1] Ortiz, Ysabel, Durán Fabio y otros. “La reversión de la privatización de pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018). OIT, Primera Edición, 2019.