Rechazamos las estrategias de privatización del Seguro Social de Salud-EsSalud y demandamos impulsar la reforma de la seguridad social en salud
Redacción: La Tercera Estación / 030723
El régimen de prestaciones de salud de la seguridad social vigente hasta antes de la reforma de los 90 establecía, entre otros, como recursos financieros del régimen la aportación de los empleadores y de los asegurados; el aporte del Estado, distinto del que le correspondía como empleador, debía considerarse en la Ley del Presupuesto Público. Asimismo, establecía que la aportación sería abonada dos terceras partes por el empleador y una tercera parte por el asegurado.
Se estableció entonces un financiamiento tripartito, basado en el principio de solidaridad y en el deber de garante del Estado, conforme a los términos establecidos en el Convenio de la OIT, núm. 102, norma mínima de Seguridad Social; sin embargo, al inicio de la década de los 90 se impulsó desde el Estado una política orientada a la privatización de la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, para lo cual no tuvieron “mejor idea” que separar ambos sistemas y, al mismo tiempo, eliminar el aporte de los empleadores al sistema de pensiones y el aporte de los trabajadores al sistema de salud, lo que contribuyó a desfinanciarlos.
Posteriormente, en el caso de la seguridad social en salud (EsSalud), se implementaron desde el Estado políticas, concretadas en normas legales, que han profundizado su desfinanciamiento causándole problemas de sostenibilidad financiera y de capacidad de realizar inversiones para la mejora de los servicios a los asegurados.
Entre estas políticas tenemos aquella que fija los porcentajes menores de los aportes del seguro agrario en el que sus beneficiarios son principalmente la gran empresa agroexportadora; también está aquella que terminó por convertir en definitiva la exoneración de los aportes a las gratificaciones; otra es aquella que establece un menor límite remunerativo sobre el cual el Estado aporta en su calidad de empleador por los maestros y médicos asegurados. En la misma lógica está aquella fijó el límite de ingresos sobre el que se aplicaría el pago de los aportes por los trabajadores CAS que contrataba el Estado; tampoco se puede dejar de mencionar la norma que autoriza el retiro de los aportes a las AFP al momento de la jubilación y por la que se destina un aporte mínimo a EsSalud, por una sola vez, para atender de por vida al asegurado, a ello hay que sumar la inmensa deuda pública y privada a EsSalud y la evasión contributiva. Estas políticas han significado importantes recursos que ha dejado y deja de percibir el Seguro social de Salud creándole problemas de sostenibilidad financiera.
A lo dicho se suma el hecho de que se ha producido un crecimiento importante de asegurados (titulares y derecho habientes) en número mayores a un tercio de la población del país, que con todo derecho demandan servicios suficientes, de calidad y oportunos. No obstante, para ello se requieren realizar grandes inversiones en infraestructura, personal asistencial y administrativo, tecnología, equipos, insumos, medicamentos y todo lo necesario para proveer un servicio de salud de calidad.
Sin embargo, es en este provocado debilitamiento económico y financiero de la seguridad social en salud donde los decisores encontraron y encuentran la justificación para la implementación en nuestro país de diversas estrategias destinadas a privatizar el Seguro Social de Salud-EsSalud involucrando a empresas privadas cuya finalidad principal es el lucro; estas estrategias han ido desde la creación de las EPS (Entidades Prestadoras de Salud), la proliferación de la tercerización y la intermediación, pasando por las APP (Asociaciones Públicas-Privada) y más recientemente la contratación de IPRESS privadas que se contrataron en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud y que no tardaron en mostrar su ineficacia para la solución de los problemas identificados y, por el contrario, se convirtieron en un mecanismo para transferir recursos de la seguridad social hacia el sector privado que se ha beneficiado asumiendo en parte la atención de la capa simple cuyo costos son menores en relación a la atención de la capa compleja que ha seguido siendo asumida por el seguro social de salud.
Con el pretexto de mejorar e incrementar la cobertura y el acceso a los servicios de salud a los asegurados, muy venidos a menos debido a las políticas adoptadas y a la ineficiencia e ineficacia en la gestión institucional de sucesivas gestiones gubernamentales, en realidad lo que se ha venido haciendo es destinar recursos de la seguridad social en salud al sector privado incrementando las ganancias de sus accionistas sin que ello haya significado una mejora en el acceso efectivo de los asegurados a los servicios de salud, persistiendo los problemas de brecha de personal asistencial, de desabastecimiento de medicamentos y material médico; asimismo, carencias de infraestructura y equipamiento, el hacinamiento y la demora en la atención en las emergencias, la larga espera de citas para la atención, entre otros aspectos.
La corrupción como ha sido denunciada en los medios, es también uno de los graves problemas que afectan a la seguridad social ocasionándole importantes pérdidas en perjuicio de los asegurados; esta debe ser enfrentada donde esté y con todos los medios posibles; esta corrupción va desde negociados de camas UCI como fue descubierto durante la pandemia (“Ángeles Negros”), la sustracción de medicamentos (caso de medicamentos de EsSalud que se venden ilegalmente) , de insumos y material médico; procesos de compras con serios cuestionamientos (Caso de las “pruebas rápidas” y de “lentes protectores ”) , entre otros, que requieren una acción más efectiva de la propia entidad, de los órganos de control, de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
A lo expuesto se suman los problemas relativos a la gobernanza institucional que va desde la designación del Presidente Ejecutivo por parte del Gobierno de turno sujetándolo a los vaivenes políticos, creando una permanente inestabilidad institucional, hasta la falta de autonomía financiera y presupuestal sometiéndola a las decisiones de FONAFE que, en reiteradas ocasiones, ha mostrado su falta de experticia en el conocimiento de la seguridad social en salud y cómo esta funciona, generando con sus decisiones más de un problema, por lo que han tenido que retroceder y corregir.
Desde la década del fujimorismo en que se fraccionó al IPSS, representa el continuismo de la aplicación de las políticas y estrategias neoliberales de privatización del Seguro Social de Salud-EsSalud pues se limita a la administración del Estado de cosas actual y a profundizarla, agravando el alto nivel de insatisfacción de los asegurados y aseguradas a tal punto que uno de cada dos está insatisfecho con la atención.
El Seguro Social de Salud-EsSalud requiere, entonces, una reforma de carácter estructural, que comprenda, entre otros aspectos, la restitución plena de su autonomía técnica, administrativa, económica, financiera y presupuestal; la designación del Presidente Ejecutivo por el directorio, elegido entre sus miembros, sin que pueda ser removido durante el período del ejercicio del cargo, salvo falta grave; restituir al directorio las facultades para la designación del Gerente General, de los Gerentes Centrales y determinar los cargos de confianza; modificar y/o derogar todas las normas legales que contribuyen a su desfinanciamiento, implementando las recomendaciones del último estudio financiero actuarial elaborado por la OIT; restituir la contribución obligatoria del Estado y los trabajadores; disponer medidas excepcionales para la recuperación efectiva de la deuda pública y privada; adoptar medidas efectivas y sostenidas para la lucha contra la corrupción que vaya más allá de lo puramente declarativo.
El Sindicato CENAJUPE, asume como tarea prioritaria impulsar una profunda reforma de la Seguridad Social en Salud en beneficio de los asegurados, trabajadores y pensionistas, y los convoca a organizarse y movilizarse para el logro de este objetivo.
