La reforma de Evo Morales tardó 12 años en concretarse
Periódico La Jornada
Sábado 29 de abril de 2023, p. 18
La Paz. Después de 26 años una entidad pública boliviana remplazará a las administradoras privadas de pensiones, de capitales suizos y españoles, en medio de la desconfianza sobre el retorno al manejo estatal del sistema previsional.
La Gestora Pública que remplazará a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) informó ayer que el 2 de mayo comenzará la recaudación de los aportes que recibían la AFP Futuro (de Zurich South America Invest) y Previsión (propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA), después de la nacionalización del sistema de pensiones de 2010, durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Morales nacionalizó decenas de empresas, entre ellas las administradoras privadas de pensiones que habían sido privatizadas en los años noventa por un gobierno neoliberal. Las AFP fueron cuestionadas por su falta de rendimientos para las jubilaciones. No obstante, la transición a la nueva administración pública tardó más de 12 años en concretarse.
La demora en la entrada en vigor de la Gestora Pública hizo que Zurich y el BBVA llevaran a Bolivia a un arbitraje internacional. El año pasado el banco español ganó la disputa tras alegar que el aplazamiento le generó perjuicios al seguir prestando servicios de forma provisional
. Bolivia fue obligada a pagarle una indemnización de 105 millones de dólares.
Las AFP aún deben recaudar las deudas de los afiliados que están en mora por un periodo de cinco años, informó el gerente general de la Gestora, Jaime Durán. La autoridad dijo que se trata de un monto muy importante
que no especificó.
A días de que concluya la migración al Estado se ven largas filas de personas que buscan acelerar sus trámites de recepción de la jubilación y actualización de información de los aportes en las dos AFP.
Diferentes sectores han pedido que se garantice una fiscalización del manejo de los aportes.
La cartera que recibirá la Gestora suma casi 24 mil millones de dólares de 2.5 millones de afiliados, equivalente a 60 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La oposición critica que la Gestora comience a operar sin un directorio y que cuando haya uno será elegido en el Congreso, donde el partido gobernante tiene mayoría.
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