CENAJUPE llama a la defensa del sistema público de pensiones

Debido a la postergación de la que somos objeto, vimos con expectativa la creación de una comisión de reforma previsional en el Congreso de la República. Sin embargo, la expectativa inicial se ha convertido en preocupación e incertidumbre que se amplía a nuestras familias y los futuros jubilados. Ello, debido a que determinados proyectos de Ley, y un dictamen aprobado por la Comisión de Economía, amenazan con afectar los escasos recursos con que cuentan los sistemas públicos de pensiones.

Hemos aportado con nuestro trabajo y recursos por más de 20 años para la subsistencia de los sistemas públicos de pensiones. Es necesario que cualquier propuesta de reforma que se presente, no afecte, no ponga en riesgo, ni elimine el Sistema Nacional de Pensiones. La Constitución peruana señala que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles (artículo 12); que las modificaciones que se introduzcan a los regímenes pensionarios deberán regirse por criterios de sostenibilidad financiera (primera disposición final); y consagra el rol de garante del Estado (artículo 11).

Creemos que es justo y legítimo que miles de peruanos y peruanas que no alcanzaron una pensión, exijan un ingreso sustitutorio en la actual situación, con mayor razón teniendo en cuenta las deficiencias del Estado peruano para hacer efectivos los derechos ciudadanos. Es de justicia mejorar las reglas para acceder a una pensión. El requisito de 20 años de aportes es irreal e injusto en un país como el nuestro.

No deben de ponerse en riesgo los recursos que financian las actuales y futuras pensiones públicas. Ofrecer ingresos por una situación de emergencia a través de la devolución de aportes, no debe de afectar a los sectores más vulnerables de la población como las personas adultas mayores, viudas y personas con discapacidad que reciben pensiones insuficientes. Desproteger a los más vulnerables no puede ser una solución. No se puede equiparar el retiro de fondos de propiedad individual de una AFP, a disponer de fondos solidarios destinados a pagar pensiones de personas adultas mayores y con discapacidad permanente.

Resulta preocupante que el dictamen aprobado por la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República no señale claramente el origen de los recursos que financiarán la devolución de aportes. Las actuales pensiones se financian con cotizaciones de 1,600,000 aportantes (solidaridad intergeneracional), recursos del fisco (una cuarta parte), y recursos del Fondo Consolidado de Reserva (FCR – fondo solidario o de capitalización colectiva). El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, y está impedido constitucionalmente para utilizar los recursos del fondo solidario (FCR) en una finalidad distinta a las pensiones.

Con mucho esfuerzo de sus aportantes y pensionistas el FCR ha logrado acumular 23 mil millones de soles, recursos que tienen como finalidad garantizar las pensiones actuales y futuras, y generar mayor rentabilidad. El dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso de convertirse en Ley podría significar un gasto aproximado en el corto plazo de hasta 10 mil quinientos millones de soles.

Al no tener los congresistas, iniciativa de gasto público, se corre el grave riesgo de que se quiera utilizar el fondo solidario (FCR), incumpliendo su objetivo legal: el pago de pensiones. Hacer ello significaría no solamente afectar a más de 600 mil pensionistas, quienes nos encontramos en una situación de grave vulnerabilidad por el COVID 19, sino destruir el sistema público de pensiones, beneficiando a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Nuestra preocupación se incrementa cuando coincidentemente se propone desde el Poder Ejecutivo convertir a la ONP en una AFP pública, que en realidad quedaría reducida a una AFP de los más pobres y vulnerables. Situación que conduciría a incrementar las desigualdades y la pobreza en la vejez, siendo las más afectadas las mujeres adultas mayores.

El Sistema Nacional de Pensiones debe ser reestructurado, pero para ser mejorado y fortalecido, no eliminado. Ello es posible con una reforma previsional integral, solidaria y sostenible, que permita a más peruanos y peruanas acceder a una pensión digna.

Una reforma integral que considere a los 4 millones 600 mil asegurados aportantes permitiría financiar pensiones mínimas de 930 soles (monto equivalente a la Remuneración Mínima Vital), con un aporte del 6.6% de las remuneraciones. El aporte adicional permitiría incrementar las pensiones a través de un mecanismo sostenible de capitalización colectiva, mejorando y cuidando los recursos del FCR. Es necesario además contar con un aporte de los empleadores, como sucede en la mayoría de países y no ocurre en el Perú. Actualmente el íntegro del aporte del 13% de los salarios corresponde a los trabajadores y trabajadoras.

La reforma de pensiones debe de considerar las mejores prácticas internacionales y lo dispuesto por convenios internacionales que son obligatorios para el Perú, como el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (norma mínima de seguridad social), que tiene fuerza constitucional. Por ello un nuevo sistema integral de pensiones debe de cumplir con principios como:

• La universalidad de la cobertura basada en la solidaridad social del financiamiento.

• La administración democrática del sistema de seguridad social con participación de los asegurados en la gestión.

• Garantizar pensiones suficientes y previsibles a lo largo de toda la vejez.

• No discriminación, igualdad de género y las necesidades especiales.

• Contar con una Estrategia Nacional para la aplicación integral del derecho a la Seguridad Social.

Lima, 01 de julio 2020